La orden de no salir: el corregidor de Cádiz cierra las puertas a los vecinos durante el saqueo de 1596. El Derecho de don Quijote

Saqueo de Cádiz de 1596: Cervantes, el corregidor y la orden de no salir

La orden de no salir. Cádiz, 1596: el saqueo que Cervantes contó en verso, un corregidor que cerró las puertas a su propia gente y cincuenta y seis rehenes en un sótano inglés

Cuando la escuadra de Essex amaneció frente a Cádiz, la autoridad de la ciudad no mandó salir a nadie. Mandó lo contrario: que nadie saliera, ni persona ni hacienda, so pena de la vida. Lo que vino después lo contó un fraile, lo lloraron unos rehenes desde un sótano de Inglaterra y, si hemos de creer a Pellicer, lo convirtió en burla un recaudador de impuestos que vivía en Sevilla y se llamaba Miguel de Cervantes. Cuatro siglos más tarde, aquel pregón es una lección de Derecho que todavía no hemos terminado de aprender.

El anillo y la piedra

En la Andalucía de finales del siglo XVI corría un proverbio que lo decía todo sin necesidad de estadísticas:

—Sevilla, flor de las ciudades, era el anillo, y Cádiz la piedra preciosa de su engaste.

Lo recoge fray Pedro de Abreu, franciscano, lector de Teología en el convento de San Francisco de Sevilla y testigo de lo que vamos a contar. La piedra, en 1596, brillaba demasiado. Cádiz era el puerto del que partían las flotas de Indias, una isla de unos seis mil habitantes con las casas de los mercaderes llenas de doseles, vajillas de plata, sedas y moneda. Y como suele ocurrir con las piedras preciosas, la guardaban mal.

Abreu deja escrito un detalle moral que hoy leeríamos como sociología fiscal. Dice que nadie podía imaginar la riqueza de la ciudad, porque era «condición de ricos avarientos ocultar su prosperidad» y quejarse siempre de pobreza. El enemigo, añade con amargura, no tuvo esa dificultad: entró, buscó y encontró.

Domingo, 30 de junio

El sábado 29 de junio de 1596 llegó a Cádiz el aviso desde Lagos, en el Algarve: una gran armada inglesa costeaba hacia el sur.

A las dos de la madrugada del domingo se vieron las velas. Eran más de ciento veinte, inglesas y holandesas, al mando del almirante Charles Howard y de Robert Devereux, segundo conde de Essex, el joven favorito de Isabel I.

En la bahía esperaban, desarmadas y cargadas para zarpar, las naos de la flota de Nueva España.

Lo que Abreu cuenta de la defensa sería cómico si no hubiera sido trágico. En el baluarte de San Felipe había cuatro piezas gruesas tan mal dispuestas que, a los primeros disparos, se hicieron pedazos las ruedas de tres de ellas; las balas que salían no alcanzaban a la armada enemiga, porque la pólvora era mala y escasa. La artillería inglesa, en cambio, llegaba a la ciudad, escribe el fraile, «descansadamente», y alguna bala de treinta libras atravesó el muro de parte a parte.

Los galeones San Felipe y Santo Tomás fueron incendiados por sus propios capitanes para que no cayeran en manos inglesas; el San Andrés y el San Mateo fueron apresados. Para que la flota mercante no corriera la misma suerte, el duque de Medina Sidonia ordenó quemarla. Ardieron más de treinta barcos en el fondo de la bahía.

El día 1 de julio los ingleses desembarcaron. Essex, según contaron sus hombres, fue de los primeros en subir la muralla. La ciudad cayó esa misma tarde.

El pregón

Hasta aquí, una derrota militar entre tantas. Lo que convierte el saqueo de Cádiz en un asunto de Derecho es una decisión de gobierno tomada antes del primer cañonazo.

Con la armada ya a la vista, el corregidor de Cádiz, don Antonio Girón, mandó pregonar, según Abreu, «que ningún vecino, mujer, ni otra persona alguna, saliese de la población, ni enviase hacienda ninguna, ropa, dinero, ni otra cosa fuera de ella, so pena de la vida».

Conviene detenerse en la frase. No es una orden de defensa: no llama a nadie a las armas ni reparte arcabuces. Es una orden de permanencia. Obliga a quedarse a quienes no pueden pelear y obliga a quedarse a las cosas. La ciudad entera, con sus mujeres, sus niños, sus viejos, sus religiosas y sus arcas, queda inmovilizada dentro de una plaza que su propio gobernador sabe mal artillada.

Máinez, el cervantista jerezano que en 1901 rescató este pasaje, saca la consecuencia con la lógica de un fiscal. La mayor parte del vecindario se habría salvado con sus joyas, dinero, ropas y papeles en los días que precedieron a la invasión, huyendo por tierra a los pueblos de alrededor, y el enemigo habría visto frustrado su saqueo. No se hizo. Y cuando la ciudad cayó, los que habían sido obligados a quedarse tuvieron que marchar de prisa, por mar o por tierra, sufriendo vejámenes en el camino, confiados en la compasión de los vencedores.

La gente, escribe Abreu, se detuvo por el temor de la pena publicada, y otros por confiar en vanas esperanzas. Y escondieron lo que no podían sacar. Lo echaron a los pozos y aljibes, lo enterraron en corrales y caballerizas, y hubo quien abrió las sepulturas de los difuntos, levantó los cuerpos ya casi corrompidos y escondió las joyas debajo. Los ingleses, que tenían ingenio y avisos, lo encontraron casi todo.

Dos corregidores

El pregón habría tenido alguna disculpa, concede Máinez, si quien lo dio hubiera estado dispuesto a una resistencia desesperada, a morir o vencer en las murallas. No fue así. Cuando el enemigo entró, el corregidor, dice Abreu, «se recogió al castillo con su mujer, hijos y hacienda, dejando la ciudad desamparada», inclinándose más a la misericordia dudosa del enemigo que a la justicia rigurosa que pudiera usar si quisiera. Es decir: puso a salvo lo que había prohibido poner a salvo a los demás. Tenía además en las atarazanas piezas de artillería y municiones que no se aprovecharon para la defensa. Los ingleses se las llevaron después.

A ocho leguas de camino, en Jerez, otro corregidor recibió el aviso a las siete de la mañana de ese mismo domingo. Mandó tocar la campana del reloj, costumbre antigua de la ciudad en los rebatos, montó a caballo y recorrió las calles. Abreu tiene aquí una página hermosa sobre los caballeros jerezanos, criados en un juego de cañas tan áspero que, según había dicho el rey de Túnez a Carlos V, era «poco para veras y mucho para burlas». Aquella mañana fue para veras. Salieron en cuadrillas, con lanzas y adargas, sin esperar orden, y entraron en Cádiz esa misma tarde, siendo el primer socorro que llegó.

Al día siguiente, cuando los ingleses empezaron a desembarcar por el Puntal, el corregidor de Jerez pidió a su colega de Cádiz unos cuantos arcabuceros para llevarlos a la grupa de los caballos, uno por jinete. La respuesta fue que no se les podía dar arcabuceros ningunos. Los jerezanos pelearon con lo que tenían. En la retirada, el corregidor de Jerez fue el último en entrar en la ciudad, matando a un inglés de una lanzada. Ya dentro, se hizo fuerte en una casa, desde cuyas azoteas los suyos tiraron piedras y lo que encontraron, y no se rindieron hasta que los ingleses les acercaron dos piezas de artillería. Pagaron por su rescate dos mil ducados y volvieron a Jerez a preparar la defensa por si el enemigo intentaba acometerla.

Dos hombres con el mismo cargo y el mismo día. Uno obligó a su pueblo a quedarse y se encerró con lo suyo. El otro salió de su ciudad a defender la ajena y fue el último en retirarse. La historia del Derecho público está hecha, en buena parte, de la distancia entre esos dos hombres.

Lo que hoy diría el Derecho

Sería un anacronismo juzgar al corregidor Girón con la Constitución de 1978. No lo vamos a hacer. Pero sí podemos preguntarnos qué ha aprendido el Derecho desde aquel pregón, y la respuesta es que ha aprendido mucho, y casi todo en la dirección que Abreu reclamaba.

Salir es un derecho

El artículo 19 de la Constitución reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Que una autoridad local pueda fijar a los vecinos en su ciudad bajo amenaza, y no digamos de muerte, es hoy sencillamente impensable fuera de los estados excepcionales.

Y aun dentro de ellos, el legislador ha puesto diques muy precisos. La Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, permite en el estado de alarma limitar la circulación o permanencia de personas en horas y lugares determinados (artículo once). Para prohibir la circulación de personas hace falta que el Congreso haya autorizado la suspensión del artículo 19 de la Constitución, lo que solo cabe en el estado de excepción o de sitio (artículo veinte). Y todo ello bajo una regla que el corregidor de 1596 habría hecho bien en leer: las medidas serán las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad, y su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias (artículo primero, apartado dos).

Proporcionalidad: esa es la palabra que falta en el pregón. Una orden de permanencia puede tener sentido para mantener a los hombres útiles en la muralla. Extenderla a los niños, a los enfermos, a las monjas y a la ropa de las casas no sirve a ningún fin defensivo. Solo garantiza que, si la plaza cae, caiga entera.

El deber de alejar a los civiles

Hay más. El Derecho internacional humanitario, que pensamos casi siempre como un límite para el que ataca, impone también deberes al que se defiende. El artículo 58 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, en vigor para España desde 1989, ordena a las partes en conflicto que, hasta donde sea factible, se esfuercen por alejar de la proximidad de objetivos militares a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control, y que tomen las demás precauciones necesarias para protegerlos.

Léase otra vez el pregón de Girón con ese artículo al lado. Una plaza fuerte bajo asalto es, por definición, un objetivo militar. La obligación del defensor era sacar de ella a los civiles y sus bienes. El corregidor hizo exactamente lo contrario, y con la pena capital por delante. La queja del fraile Abreu, escrita en los años que siguieron al saqueo, es en sustancia el artículo 58 dicho en castellano del Siglo de Oro: que la gente inútil para la pelea debió salir, y con ella su hacienda.

La factura del error

Y queda la responsabilidad. Hoy, quien sufre un daño por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos tiene derecho a ser indemnizado por la Administración, salvo fuerza mayor (artículo 106.2 de la Constitución y artículo 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público). La propia Ley Orgánica 4/1981 lo dice para los estados excepcionales: quienes sufran daños por actos que no les sean imputables tendrán derecho a ser indemnizados (artículo tercero, apartado dos). Y la Administración que paga debe volverse de oficio contra la autoridad que causó el daño por dolo, culpa o negligencia graves (artículo 36.2 de la Ley 40/2015).

El siglo XVI tenía su propio instrumento para esto, el juicio de residencia, por el que todo corregidor respondía al acabar su oficio de cómo lo había ejercido. Girón no llegó a ser residenciado, al menos que sepamos por estas páginas. Se lo llevaron los ingleses como rehén, y cuando volvió, años después, murió de melancolía, dice Máinez, viéndose tan pobre y tan desacreditado en la opinión de sus convecinos. Fue la única sentencia que recibió.

Cuatro pregones de 1596

El corregidor prohíbe salir a los vecinos so pena de la vida → hoy solo cabe prohibir la circulación con suspensión del art. 19 CE autorizada por el Congreso (art. 20 LO 4/1981), y siempre de forma proporcionada (art. 1.2).

Se prohíbe sacar la hacienda de una plaza que se sabe indefendible → el defensor debe alejar de los objetivos militares a los civiles y a sus bienes (art. 58 del Protocolo adicional I).

Los ingleses toman 56 rehenes para cobrar un rescate → «Se prohíbe la toma de rehenes» (art. 34 del IV Convenio de Ginebra); es crimen de guerra (art. 8.2.a.viii del Estatuto de Roma) y delito castigado con diez a quince años de prisión (art. 611.4.º CP).

La ciudad es saqueada durante quince días → «Queda prohibida la rapiña» (art. 33 del IV Convenio); saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto, es crimen de guerra (art. 8.2.b.xvi del Estatuto de Roma); el pillaje se castiga en el art. 613.1.g) CP.

Los sótanos de Londres

La capitulación del 3 de julio permitió a los vecinos abandonar la ciudad con lo puesto, a cambio de un rescate de ciento veinte mil ducados. Como el dinero no llegó, los ingleses incendiaron Cádiz el día 14 y zarparon el 15 llevándose a cincuenta y seis rehenes, caballeros, propietarios y mercaderes, garantes de una deuda que nadie iba a pagar. Entre ellos iba el corregidor Girón.

El 7 de febrero de 1598, los rehenes escribieron desde Inglaterra al Cabildo de Cádiz. La carta se leyó en la sesión del 3 de abril y quedó copiada íntegra en el acta capitular. Es uno de los documentos más estremecedores del siglo. Cuentan que el conde de Essex, cansado de ver que no se cumplía lo prometido, mandó apretarlos, «metiéndonos en unos sótanos debajo de tierra, tan húmedos y fríos, que las paredes manaban agua»; que el aire y el hielo de diciembre y enero les entraban en los huesos, sin abrigo, con un poco de paja sobre un suelo que criaba sapos, y que el mal olor era tal que pensaban exhalar los espíritus.

Y cuentan algo peor. Que se les mandó echar suertes para matar afrentosamente a cinco de ellos, y que la suerte cayó sobre cinco racioneros de la catedral, a quienes sacaron para ahorcar, con el pueblo convocado al espectáculo y los instrumentos de la muerte preparados, «no faltando más que ejecutarlas en presencia de todos». Se libraron porque los rehenes se obligaron a pagar la suma entera. Desde el sótano, pedían al Cabildo que se vendieran sus haciendas, que Sevilla y Jerez ayudasen y que el dinero se remitiera a Amberes. El Cabildo envió copia de la carta al Rey y pidió licencia para echar una sisa de cuarenta mil ducados sobre el vecindario.

El dinero no se reunió. Los cautivos no volvieron a Cádiz hasta 1603, muerta ya la reina Isabel. Varios murieron en Inglaterra. Essex, para entonces, también había muerto: decapitado en la Torre de Londres el 25 de febrero de 1601 por rebelarse contra su reina.

Hoy, el artículo 34 del IV Convenio de Ginebra, tal como lo publicó el BOE en 1952, cabe en una línea: «Se prohíbe la toma de rehenes». El Estatuto de Roma la califica de crimen de guerra y nuestro Código Penal la castiga en el artículo 611.4.º. Y el mismo Estatuto define como crimen de guerra saquear una ciudad o una plaza, «incluso cuando es tomada por asalto». Esa última cláusula no está ahí por casualidad. Durante siglos, el asalto fue la licencia del saqueo. Cádiz es exactamente el caso para el que se escribió.

«Vimos en julio otra Semana Santa»

Lo que no hizo el corregidor de Cádiz lo hizo tarde el duque de Medina Sidonia. El capitán general de Andalucía, el mismo que había mandado la Gran Armada en 1588, llegó a Cádiz con sus compañías cuando los ingleses ya se habían ido. Su entrada inspiró un soneto que corrió de mano en mano:

Vimos en julio otra Semana Santa
atestada de ciertas cofradías,
que los soldados llaman compañías,
de quien el vulgo, y no el inglés, se espanta.

Hubo de plumas muchedumbre tanta,
que en menos de catorce o quince días
volaron sus pigmeos y Golías,
y cayó su edificio por la planta.

Bramó el becerro, y púsolos en sarta;
tronó la tierra, oscurecióse el cielo,
amenazando una total ruina;

y al cabo, en Cádiz, con mesura harta,
ido ya el conde, sin ningún recelo,
triunfando entró el gran duque de Medina.

Las tropas que desfilan como cofradías en procesión, temidas por el pueblo y no por el inglés; los penachos que vuelan; el becerro que brama, que es el capitán Becerra, encargado de instruir las compañías en Sevilla; y el remate, demoledor, del duque que entra triunfante en una ciudad ya vacía de enemigos. Es la sátira de la gloria que llega cuando ya no hace falta.

Hay que decir, con la honradez que exige esta sección, que la atribución a Cervantes no es pacífica. El soneto lo publicó Juan Antonio Pellicer en 1778, a partir de un manuscrito de la Biblioteca Real que hoy no se encuentra, y varias copias antiguas lo dan como de Góngora. La filóloga Amelia de Paz ha pedido en 2025 que la autoría se trate como una hipótesis, no como un hecho. La crítica mayoritaria, sin embargo, lo sigue teniendo por cervantino, y nadie discute que el tono le cuadra: el mismo hombre escribiría dos años después, en Sevilla, el soneto al túmulo de Felipe II, el del valentón que «caló el chapeo, requirió la espada, / miró al soslayo, fuese, y no hubo nada».

Una niña entre los despojos

Lo que sí es indudablemente de Cervantes es esto: «Entre los despojos que los ingleses llevaron de la ciudad de Cádiz, Clotaldo, un caballero inglés, capitán de una escuadra de navíos, llevó a Londres una niña de edad de siete años, poco más o menos». Así empieza La española inglesa, una de las Novelas ejemplares de 1613.

Diecisiete años después del saqueo, Cervantes volvió a Cádiz para contar la historia de Isabela, una niña robada como botín. Y hay en esa novela una decisión moral de enorme finura: el raptor no es un monstruo. Clotaldo es un católico secreto que cría a la niña como a una hija, y su hijo acabará casándose con ella. Cervantes, que había sido cautivo cinco años en Argel y sabía lo que era ser mercancía de rescate, se niega a convertir al enemigo en una caricatura. El despojo es injusto, pero quien lo trae puede, aun así, obrar con humanidad. Es, en clave de novela, la misma convicción que inspira el Derecho humanitario: las leyes de la guerra no exigen que los combatientes sean santos, sino que sigan siendo personas.

El hombre que no pudo salir

Mientras Cádiz ardía, Cervantes tenía sus propios problemas, y no eran pequeños. Las páginas de Máinez que acompañan a este relato transcriben los papeles de Simancas sobre su comisión en el reino de Granada. Cervantes había cobrado las alcabalas atrasadas de varios partidos, entre ellos el de Vélez-Málaga, y para remitir el dinero a la Corte sin llevarlo encima entregó siete mil cuatrocientos reales a un mercader de Sevilla, Simón Freire de Lima, a cambio de una cédula pagadera en Madrid. Cuando fueron a cobrarla, Freire había quebrado y huido.

La Contaduría Mayor de Hacienda encargó al doctor Bernardo de Olmedilla, juez de grados de Sevilla, que recuperase la suma de los bienes del quebrado. Se recuperó, y el tesorero general Pedro Mesía de Tovar dio carta de pago el 21 de enero de 1597. Pero las cuentas de Cervantes nunca terminaron de cuadrar, y en septiembre de ese mismo año el juez Gaspar de Vallejo lo mandó a la Cárcel Real de Sevilla. Fue allí, según la tradición que él mismo autorizó en el prólogo de 1605, donde se engendró el Quijote: «en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación».

Los vecinos de Cádiz no pudieron salir de su ciudad porque un pregón se lo prohibía. Los rehenes no pudieron salir de su sótano porque nadie pagó por ellos. Cervantes no pudo salir de su celda por la quiebra de un banquero. Y de esa celda salió el libro de un hombre que no hace otra cosa que salir.

La libertad, Sancho

Porque eso es, antes que nada, el Quijote: la novela de las salidas. La primera, una mañana de julio, por la puerta falsa de un corral; la segunda, de noche, con Sancho; la tercera, ya en 1615, hacia Zaragoza y Barcelona. Un hidalgo que se niega a quedarse donde lo han puesto.

Y cuando don Quijote abandona por fin el palacio de los duques, donde ha sido agasajado y humillado a partes iguales, pronuncia las palabras que Cervantes llevaba guardadas desde Argel, desde Sevilla, quizá desde Cádiz: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre» (II, 58).

Los tesoros que encierra la tierra. Los de Cádiz estuvieron, durante quince días de julio de 1596, en el fondo de los pozos, bajo el estiércol de las caballerizas y debajo de los muertos. Allí los metió un pregón que confundió el orden con la inmovilidad. Cervantes, que conoció la cárcel, el cautiverio y la quiebra, sabía cuál de las dos cosas valía más. El artículo 19 de nuestra Constitución lo dice en prosa. Él lo dijo mejor.

El auto que falta

El bando contrario al que se pregonó: que, avistada la armada y antes de que el enemigo ganase el Puntal, salieran de la ciudad por la puente de Zuazo las mujeres, los niños, los viejos, los enfermos y los religiosos, con la hacienda que pudieran llevar, quedando en las murallas solo los hombres de armas. Y, pasado el saqueo, el auto que abriera juicio de residencia contra el corregidor que mandó quedarse a todos y se recogió al castillo con lo suyo.

Cómo se lee un libro de 1901 (y una crónica de 1596)

Este artículo sigue a Ramón León Máinez, Cervantes y su época, Jerez, 1901, Ilustraciones al capítulo III, pp. 309-314, que a su vez transcribe a fray Pedro de Abreu, Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596. Las dos fuentes toman partido. Abreu fue testigo, pero también fiscal: su libro culpaba con tanta claridad al corregidor y al Ayuntamiento que estos lograron impedir en 1609 que se imprimiera, de modo que permaneció inédito hasta que el propio Ayuntamiento lo costeó en 1866; hay edición moderna de la Universidad de Cádiz (1996, reeditada en 2017). Máinez, por su parte, hace suyas sin reservas las acusaciones del fraile. El pregón del corregidor nos llega por Abreu; otras relaciones del saqueo reparten la culpa del desastre entre el capitán Pedro de Guía, el propio Girón y el duque de Medina Sidonia, y hablan de una defensa improvisada y sin mando. Hemos tomado de ambos autores los hechos y las palabras de los documentos, no sus adjetivos. Una corrección: Máinez fecha la ejecución de Essex el 23 de febrero de 1601; fue el 25.

La orden de no salir: Cervantes ante el saqueo de Cádiz de 1596. El Derecho de don Quijote

Fdo.: Domínguez-Lobato, Eduardo

Eduardo Domínguez-Lobato Rubio

Sobre el autor

Eduardo Domínguez-Lobato Rubio es abogado, colegiado n.º 92991 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, máster en Derecho de Familia y doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Camilo José Cela. Está al frente de Domínguez Lobato Abogados, en Madrid, Jerez y Sanlúcar. Conozca su trayectoria.

📇 Tarjeta digital · 📷 Instagram

Le recomendamos que nos consulte. En Domínguez Lobato Abogados contamos con una práctica especializada en Derecho de Familia, Derecho Civil y Derecho Concursal que trabajan de forma integrada para defender sus intereses. Consúltenos sin compromiso o escríbanos por WhatsApp al 625 19 10 19. Presupuesto cerrado por escrito y primera valoración de viabilidad, sin coste y sin compromiso.

📍 Domínguez Lobato Abogados — calle Porvera, 6, 2.ª planta, 11403 Jerez de la Frontera (ver en Google Maps).

Acerca Eduardo Domínguez-Lobato Rubio

Abogado, colegiado n.º 92991 del ICAM. Máster en Derecho de Familia y doctorando en Ciencias Jurídicas (Universidad Camilo José Cela). Segunda oportunidad, familia, herencias, empresa y fiscal. Madrid · Jerez · Sanlúcar.

Mira también

Testamento, carta de voluntades y libros de familia, patrimonio, empresa y legado sobre una mesa del Palace Hotel de Madrid: testamento y sucesión para la empresa familiar

¿Por qué hacer testamento? La empresa, la familia y lo que uno quiere dejar dicho

Testamento y empresa familiar: el pago de la legítima en dinero para no trocear la empresa, la carta de voluntades, la pareja de hecho sin testamento, los gananciales y el testamento vital.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *