No es un arraigo
Quien reside legalmente en España y quiere traer a su cónyuge no necesita un arraigo, sino una reagrupación familiar. Es un trámite distinto, con sus propios requisitos, que empieza en la Oficina de Extranjería y termina en un consulado. Explicamos qué se exige, qué papeles hacen falta, cuánto hay que ganar en 2026 y en qué se equivoca casi todo el mundo.
La palabra equivocada
Una mujer entra en el despacho con una carpeta bajo el brazo. Lleva años trabajando en España con su autorización de residencia y trabajo, tiene contrato, paga un alquiler y está empadronada. Su marido sigue en el país de origen. Se sienta y dice: «Quiero hacer un arraigo para traer a mi marido».
La frase es comprensible y está equivocada. El arraigo, que hoy regulan los artículos 126 y 127 del Reglamento de Extranjería, sirve para regularizar a quien ya está en España. Si el familiar vive todavía fuera, la vía es otra: la autorización inicial de residencia temporal por reagrupación familiar. No es un matiz de vocabulario. Cambia quién presenta la solicitud, dónde se presenta, qué se acredita y cuánto tarda. Quien pide un arraigo para un familiar que está al otro lado de la frontera no ha empezado el trámite; ha empezado otro, que no le sirve.
Dónde está la norma
La reagrupación familiar descansa en los artículos 16 a 19 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, cuyo artículo 16 reconoce a los extranjeros residentes el derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar. Se desarrolla en los artículos 65 a 68 del Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, que sustituyó al de 2011. Por encima de ambos está la Directiva 2003/86/CE, sobre el derecho a la reagrupación familiar, que obliga a España y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado con una idea constante: la reagrupación es la regla y el objetivo de la norma es favorecerla.
El esquema es sencillo de enunciar. La solicitud la presenta desde España la persona que reagrupa. El familiar no interviene hasta después, cuando la autorización se ha concedido y tiene que pedir el visado en el consulado. Son dos fases y conviene no mezclarlas, porque cada una tiene sus papeles y sus plazos.
Cuándo se puede pedir
El primer requisito no está en la lista del artículo 67, sino en el 68.1 del Reglamento: la solicitud puede presentarse cuando quien reagrupa ha residido legalmente en España al menos un año y ha solicitado ya la autorización para residir, como mínimo, otro año más. Basta con haber pedido la renovación. Pero el mismo precepto añade un detalle que se pasa por alto: al familiar no se le concede nada hasta que la autorización de quien le reagrupa esté efectivamente renovada. Si la propia tarjeta está a punto de caducar y la renovación se retrasa, la reagrupación espera con ella.
Lo que se exige a quien reagrupa
El artículo 67 del Reglamento enumera los requisitos de la persona reagrupante. Ninguno es decorativo.
Medios económicos fijos y regulares. Para una unidad familiar de dos personas, quien reagrupa y su cónyuge, se exige el 150 % del IPREM mensual; por cada miembro adicional se suma un 50 %. En 2026 el IPREM sigue en 600 euros al mes, porque continúan prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Las cuentas quedan así: 900 euros mensuales para dos personas, 1.200 para tres y 1.500 para cuatro.
Lo que casi nadie sabe es cómo se cuentan esos ingresos. El Reglamento manda computarlos por su valor íntegro, es decir, en bruto, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Solo los rendimientos de actividades económicas, los del autónomo, se toman por su rendimiento neto. Esto suele jugar a favor del solicitante. Quien cobra el salario mínimo de 2026, 1.221 euros brutos en catorce pagas según el Real Decreto 126/2026, tiene unos ingresos mensuales computables de unos 1.424 euros con la prorrata, muy por encima de los 900 exigidos para traer al cónyuge. Quien hace la cuenta con la cifra neta que ve en el banco se asusta sin motivo, y a veces renuncia sin motivo.
Hay ingresos que no cuentan: las ayudas para el estudio y las de vivienda, los ingresos del sistema de asistencia social y, cosa que sorprende a más de uno, las pensiones compensatorias y de alimentos que perciba quien reagrupa, salvo que sean a favor de la propia persona a la que se quiere traer. En sentido contrario, sí suman los ingresos de otros familiares en primer grado que residan en España y convivan con el reagrupante.
La Administración no mira solo la foto del día de la solicitud. El Tribunal de Justicia lo dijo precisamente en un asunto español, la sentencia Khachab (C-558/14, de 21 de abril de 2016), que respondió a una cuestión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: como los recursos han de ser fijos y regulares, las autoridades pueden hacer una valoración prospectiva y denegar la reagrupación si no es previsible que se mantengan durante el año siguiente a la solicitud. Por eso conviene aportar algo más que las nóminas.
El contrapeso está en otra sentencia, Chakroun (C-578/08, de 4 de marzo de 2010). Allí el Tribunal advirtió que, siendo la reagrupación la regla general, la facultad de exigir recursos debe interpretarse de manera estricta, y que los Estados pueden fijar una cantidad como importe de referencia, pero no un mínimo por debajo del cual se deniegue cualquier solicitud con independencia del examen concreto de cada caso. Si los ingresos quedan algo por debajo del umbral pero la situación es sólida, la denegación mecánica es discutible, y se discute.
Vivienda adecuada. Se acredita con un informe de los servicios sociales del órgano competente de la comunidad autónoma o, si la comunidad lo ha dispuesto así, del ayuntamiento. Tiene que recoger el título que permite ocupar la vivienda, el número de habitaciones y el uso de cada dependencia, las personas que viven en ella y sus condiciones de habitabilidad y equipamiento. El título puede estar a nombre del reagrupante o de otro miembro de la unidad familiar que conviva con él. La Administración competente debe emitir y notificar el informe en un mes; si no lo hace, y el interesado lo acredita, se admite cualquier otro medio de prueba, siempre que recoja los mismos extremos. El informe o la prueba que lo sustituya no puede tener más de seis meses el día que se presenta la solicitud. No vincula a la Oficina de Extranjería, pero si esta se aparta de él tiene que motivarlo expresamente. Quién lo expide y cómo se pide varía de una comunidad a otra, y hasta de un municipio a otro; lo primero es averiguar cuál es la puerta correcta en el lugar donde se vive.
Seguro de enfermedad, tanto para quien reagrupa como para el familiar que va a llegar.
Escolarización de los hijos menores en edad escolar obligatoria que ya estén en España, si los hay.
No estar dentro del plazo del compromiso de no retorno, para quien en su día se acogió a un programa de retorno voluntario a su país.
No representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. La Oficina comprueba de oficio que no hay antecedentes penales en España y pide el informe policial. Los antecedentes policiales no son por sí solos causa de denegación: la Administración debe valorar el caso concreto (artículo 68.4).
Pago de la tasa: modelo 790, código 052, epígrafe 2.1.2. Se devenga al presentar la solicitud y se paga en los diez días hábiles siguientes.
Lo que se exige al cónyuge
El cónyuge tiene que ser mayor de dieciocho años, no estar separado de hecho ni de derecho, y el matrimonio no puede haberse celebrado en fraude de ley. La edad es una novedad del Reglamento de 2024; el de 2011 no la exigía. España hace así uso de la posibilidad que el artículo 4.5 de la Directiva concede a los Estados de fijar una edad mínima, con el límite de veintiún años, para favorecer la integración y evitar los matrimonios forzados.
No se puede reagrupar a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita la poligamia. Si el matrimonio es el segundo o posterior, hay que acreditar que los anteriores se disolvieron mediante un procedimiento jurídico que fijó la situación del excónyuge y de los hijos en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos de los hijos menores o mayores dependientes. La norma quiere saber que no se deja a nadie desamparado al rehacer la familia en otro país.
Los papeles
El artículo 68.3 del Reglamento enumera la documentación que acompaña a la solicitud, que se presenta en el modelo oficial EX-02.
De la persona que reagrupa: copia completa del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción en vigor; la documentación que acredite el empleo o los medios económicos, que para un trabajador por cuenta ajena son, según la hoja informativa del Ministerio, el contrato y las nóminas de los últimos seis meses y, en su caso, la última declaración del IRPF; el informe de vivienda o la prueba que lo sustituya; la declaración responsable de no residir en España con otro cónyuge o pareja, y el seguro de enfermedad.
Del cónyuge: copia completa del pasaporte en vigor y el documento que acredita el vínculo, es decir, el acta o certificado de matrimonio. Los documentos extranjeros deben estar legalizados o apostillados conforme al Convenio de La Haya de 1961, salvo que un convenio los exima, y traducidos al castellano, o a la lengua cooficial del lugar, por traductor jurado.
Hay papeles que la norma no pide y que conviene llevar. El informe de vida laboral demuestra la continuidad en el empleo. Un certificado de la empresa sobre la estabilidad del contrato responde de antemano a la valoración prospectiva de la que hablaba Khachab. El último recibo del alquiler y el empadronamiento colectivo cuadran la vivienda con el informe. Ninguno es obligatorio. Todos ahorran un requerimiento.
Del despacho al consulado
La solicitud la presenta quien reagrupa, personalmente o por medio de representante, en la Oficina de Extranjería de la provincia en la que reside, o por vía telemática a través de la sede electrónica Mercurio. La Administración tiene dos meses para resolver, y el procedimiento es de tramitación preferente. Si no contesta en ese plazo, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo, lo que abre la puerta al recurso pero cierra la de la espera tranquila.
Concedida la autorización, el cónyuge tiene dos meses desde la notificación para pedir el visado en el consulado de su demarcación. El Reglamento permite hacerlo personalmente o mediante representación, aunque la hoja informativa del Ministerio habla de presentación personal; conviene preguntar al consulado. Allí tendrá que aportar el pasaporte, el certificado de antecedentes penales de los países en los que haya residido durante los últimos cinco años, un certificado médico que acredite que no padece enfermedades con repercusión grave para la salud pública, los originales que acreditan el matrimonio y el justificante de la tasa del visado.
Un aviso sobre el pasaporte. La hoja informativa del Ministerio sigue hablando de una vigencia mínima de cuatro meses, que era la regla anterior, pero el artículo 38 del Reglamento vigente exige para el visado de residencia un pasaporte con una vigencia mínima de un año. Manda la norma, y lo prudente es renovar el pasaporte si le queda menos de un año.
El consulado resuelve en un mes. Notificado el visado, hay un mes para recogerlo y, una vez recogido, otro mes como máximo para entrar en España. Ya dentro, el cónyuge debe pedir personalmente la tarjeta de identidad de extranjero en la comisaría en el mes siguiente a su entrada. La autorización le permite trabajar desde el primer día, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier parte de España y en cualquier sector, sin ningún trámite adicional (artículo 65.2 del Reglamento). Su vigencia se ajusta a la de la autorización de quien le reagrupa, con un mínimo de un año.
Ocho errores que vemos en el despacho
- Pedir un arraigo cuando el familiar sigue fuera de España.
- Hacer la cuenta con el sueldo neto. Se computa el bruto con la prorrata de pagas extra, y casi siempre sale mejor.
- Contar la pensión de alimentos que se cobra de un matrimonio anterior. No computa.
- Presentar traducciones que no son juradas o documentos extranjeros sin apostilla ni legalización.
- Pedir demasiado pronto los antecedentes penales y el certificado médico del cónyuge. Caducan, y no se necesitan al presentar la solicitud, sino después, en el consulado.
- Dejar caducar el informe de vivienda, que no puede tener más de seis meses al presentar.
- No mirar las fechas de caducidad: la de la propia autorización, porque si vence pronto la reagrupación espera a la renovación, y la del pasaporte del cónyuge, que para el visado debe tener al menos un año de vigencia.
- Confundir tasas con honorarios. Las tasas, las traducciones juradas, las apostillas y el seguro son gastos aparte, y conviene presupuestarlos desde el principio.
Un derecho que se tramita con lupa
Hay algo que choca en todo esto. La reagrupación familiar es la forma que tiene el Derecho de proteger una realidad muy anterior a él: que un matrimonio viva bajo el mismo techo. El artículo 39 de la Constitución obliga a los poderes públicos a proteger a la familia, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara la vida familiar, la Ley de Extranjería reconoce a los residentes el derecho a vivir en familia y la Directiva de 2003 dice en su preámbulo que la reagrupación es necesaria para la vida en familia. Y, sin embargo, el camino para ejercer ese derecho exige una precisión documental casi notarial, en la que una apostilla que falta o un informe con siete meses de antigüedad pesan tanto como el matrimonio mismo.
No es una contradicción, o no del todo. El Estado tiene derecho a comprobar que la familia que llega tendrá techo y sustento, y que el vínculo es real. Lo que no puede hacer es convertir la comprobación en un filtro. Esa es la frontera que trazó Chakroun, y la que recuerda el artículo 17 de la Directiva cuando obliga a tener en cuenta la naturaleza y la solidez de los vínculos familiares antes de denegar. Conviene recordarla cada vez que una resolución deniega por cuarenta euros de diferencia o por un defecto que se habría subsanado con un requerimiento. El papel está al servicio de la familia, y no al revés.
Para quien reúne los requisitos, la reagrupación es un trámite previsible. Para quien llega diciendo «arraigo», el primer servicio que puede prestarle un abogado es cambiarle la palabra.
Cuadro resumen
| Requisito | Cómo se acredita | Dónde se obtiene |
|---|---|---|
| Un año de residencia legal y renovación solicitada | Tarjeta de identidad de extranjero y justificante de la renovación | Oficina de Extranjería / comisaría |
| Medios económicos (900 €/mes para dos personas en 2026) | Contrato, nóminas de seis meses, IRPF; recomendable vida laboral y certificado de empresa | Empresa, AEAT, Seguridad Social |
| Vivienda adecuada | Informe de vivienda o prueba sustitutiva (máximo seis meses) | Comunidad autónoma o ayuntamiento, según el caso |
| Seguro de enfermedad | Póliza o acreditación de cobertura para ambos | Seguridad Social o aseguradora privada |
| Un solo cónyuge y, en su caso, disolución del matrimonio anterior | Declaración responsable; resolución que fije la situación del excónyuge y los hijos | El propio reagrupante; juzgado o registro |
| Vínculo matrimonial | Certificado de matrimonio apostillado o legalizado, con traducción jurada | Registro civil del país de celebración y traductor jurado |
| Cónyuge mayor de 18 años | Pasaporte en vigor | Autoridades del país de origen |
| Tasa de la solicitud | Modelo 790, código 052, epígrafe 2.1.2 | Pago en los diez días hábiles siguientes a la presentación |
| Fase consular | Pasaporte con un año de vigencia, antecedentes penales de cinco años, certificado médico, originales del vínculo, tasa del visado | Consulado de España en la demarcación del cónyuge |
Las cuantías del IPREM y de las tasas se actualizan periódicamente, y los criterios para el informe de vivienda y la práctica de cada consulado varían. Antes de presentar nada conviene comprobarlos en la fecha concreta y en el lugar concreto.

Fdo.: Domínguez-Lobato, Eduardo
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