El otro Miguel de Cervantes: la leyenda de Argamasilla y la fuerza de la prueba

Hay una casa en Argamasilla de Alba que durante casi un siglo recibió visitantes como quien acude a un santuario. La llamaban la casa de Medrano, y de su sótano —una cueva húmeda, con más humedad que luz— se aseguraba que había salido el Quijote. Allí, decía la tradición, estuvo preso Miguel de Cervantes; allí, entre penurias y encierro, habría concebido al hidalgo que se echaría a los caminos a enderezar los entuertos del mundo. En 1863 llegó a imprimirse en aquella misma morada una edición del Quijote, y no faltó quien pidiera al Gobierno que la conservase como monumento, igual que se guarda un recuerdo patrio. El único inconveniente de historia tan hermosa es que era falsa.

Quien lo demostró, con paciencia de instructor y rigor de sumario, fue un cervantista de Jerez de la Frontera, Ramón León Máinez. En su Cervantes y su época (Jerez, 1901) dedicó un capítulo entero a desmontar «la leyenda de Argamasilla», y lo hizo con las armas que cualquier jurista reconoce de inmediato: separando lo que se dice de lo que se prueba, y desconfiando de aquello que, a fuerza de repetirse, acaba pareciendo cierto.

Una leyenda que se hizo monumento

La tradición no había nacido de la nada. La habían recogido en el siglo XVIII cervantistas de nota —Vicente de los Ríos, Juan Antonio Pellicer—, y el crédito de esos nombres bastó para que la conjetura se transmitiera de generación en generación con la autoridad de un hecho. Se contaba que Cervantes había ido a Argamasilla a cobrar ciertas cantidades que el pueblo adeudaba al Gran Priorato de San Juan, que allí fue preso y severamente castigado durante cinco años, y que la casa de su encierro era la de un tal Medrano. Cada repetición añadía un detalle; cada detalle parecía confirmar el anterior. Así, sin un solo documento, la fábula «adquirió carta de certeza», en palabras de Máinez, y se adoptó «la ficción como documento verídico, irrefutable y concluyente».

El fenómeno es viejo y sigue siendo actual. En un pleito, en una instrucción, en la conversación pública, hay relatos que se sostienen por su propio peso de repetición: el hecho notorio, la fama, «lo que todo el mundo sabe». Pero la notoriedad no es un medio de prueba, sino, a lo sumo, una razón para no exigirla. Y ahí anida el riesgo: cuando dejamos de pedir la prueba porque la cosa parece sabida, hemos empezado a dar por acreditado lo que nadie ha acreditado. La casa de Medrano es el monumento perfecto a esa pereza probatoria: piedra levantada sobre un rumor.

El otro Miguel de Cervantes

La refutación de Máinez descansa sobre un dato tan sencillo como demoledor: había otro Miguel de Cervantes. Pocos años después de que naciera en Alcalá de Henares el autor del Quijote, vino al mundo en Alcázar de San Juan otro hombre del mismo nombre, manchego, dedicado a comisiones y apremios por cuenta ajena. De aquel homónimo consta la partida de bautismo; de aquel homónimo son, verosímilmente, las cobranzas penosas, los apaleamientos con los vecinos y las prisiones que la tradición atribuyó al escritor. La Mancha confundió a los dos Migueles y colgó al insigne las desventuras del oscuro.

Ningún abogado necesita que le expliquen la gravedad de esa confusión. La homonimia es una de las trampas más antiguas y más peligrosas del oficio: el embargo que recae sobre quien comparte nombre con el deudor pero nada debe; la requisitoria que persigue a un inocente porque el buscado se llama igual; el asiento registral que carga sobre una finca o una persona equivocada. La identidad no se presume por la coincidencia de un nombre y dos apellidos: se acredita. Cuando el sistema —o la historia— olvida esa regla elemental, encarcela a quien no es. Lo que Máinez hizo con Cervantes es, en el fondo, lo que un buen letrado hace ante una ejecución mal dirigida: levantar la mano y decir que la persona señalada no es la persona debida.

La prueba del silencio

Pero el argumento que cierra el caso no es la existencia del homónimo, sino un documento. En 1590 Cervantes elevó al Rey un memorial —la conocida solicitud al Consejo de Indias— en el que relató, uno por uno, sus servicios: Lepanto, donde perdió el uso de la mano izquierda; los cinco años de cautiverio en Argel; sus gestiones posteriores. Pedía a cambio uno de los oficios vacantes en América, y todo cuanto pudiera realzar sus méritos o justificar sus penalidades tenía cabida en aquel escrito. Pues bien: en ese memorial no hay una palabra sobre Argamasilla. Ni una comisión, ni una prisión, ni un agravio en la Mancha.

El razonamiento de Máinez es de manual de prueba. Si aquellos sucesos hubieran ocurrido, Cervantes los habría alegado, porque le convenían: nada acredita mejor los desvelos al servicio del Rey que las persecuciones sufridas por defender la Real Hacienda. Que callara lo que le beneficiaba solo admite una explicación: que no había nada que contar. Es la fuerza probatoria del silencio, ese indicio que la mejor doctrina reconoce cuando una parte omite, precisamente, aquello que habría esgrimido de haber existido. El documento que no menciona lo que debería mencionar prueba, por ausencia, que el hecho no fue.

La cronología remata la demostración. Casado en Esquivias en 1584, Cervantes se dedicó a escribir comedias y a comisiones en Toledo y Madrid; a fines de 1586 marchó a Sevilla; de 1587 en adelante recorrió Andalucía como comisario de abastos de la Armada, después intervino en las alcabalas del reino de Granada, y hasta bien entrado el nuevo siglo permaneció avecindado en Sevilla. No hay, en esa agenda apretada, hueco material para cinco años de cárcel manchega. Los hechos comprobados desmienten, sin más, la tradición no comprobada. Como escribió el propio Consejo al pie de aquel memorial, negándole el cargo que pedía: «Busque por acá en qué se le haga merced.» No hubo América para Cervantes; tampoco hubo cárcel de Argamasilla.

El hidalgo que dio nombre a don Quijote

Y aquí el asunto, que parecía de mera erudición, se vuelve literatura. Frente a la fábula de Argamasilla, Máinez recoge una tradición mucho más verosímil, conservada no en la Mancha sino en Esquivias, el pueblo toledano donde Cervantes se casó. Contaban allí que hacia 1584 vivía un hidalgo llamado don Alonso Quijada y Salazar, tío de doña Catalina —la que sería esposa del escritor—, y que tanto él como el padre de la novia llevaron a mal que la joven tratase con Cervantes, por ese «excesivo celo de parentesco» y desdén de hidalguía que tan bien conocen quienes han visto oponerse a una familia a un matrimonio que juzgan indigno de su linaje. La boda se celebró de todos modos, con gran disgusto de don Alonso.

El nombre resonará al lector: Quijada, Quijana, Quijano. Ese hidalgo de Esquivias que reprobó el enlace es, para buena parte de la crítica posterior, el modelo más probable del hidalgo que enloqueció leyendo libros de caballerías. Hay una ironía perfecta en ello, y muy jurídica: el pariente que se erigió en juez de la conveniencia del matrimonio, el que quiso dictar sentencia sobre la dignidad del apellido, acabó prestando su propio nombre al más entrañable de los locos. Cervantes, por lo demás, resolvió el litigio a su manera —«por la dignidad e independencia de su carácter», dice Máinez—: se retiró a Madrid a vivir de su pluma antes que de las rentas y los campos de su mujer, desmintiendo con su marcha la sospecha de haberse casado por interés. La mejor réplica a un prejuicio no siempre es un alegato; a veces basta con el ejemplo de una vida.

La leyenda de Argamasilla nos deja, al cabo, una lección que excede lo cervantino. Nos recuerda que la verdad no se decide por mayoría de repeticiones ni por antigüedad del rumor, sino por la calidad de la prueba; que un nombre no basta para imputar a un hombre; y que el documento callado a veces dice más que cien testigos. Cervantes no escribió el Quijote en una cueva de la Mancha. Lo escribió libre, y esa libertad —la del que no se deja encarcelar por la fábula ajena— es también un modo de entender el Derecho.

Fdo.: Domínguez-Lobato, Eduardo

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