El comisario que abría candados: Cervantes, el pan de Écija y el poder que después juzgaría don Quijote

Écija, verano de 1588. Un hombre de mediana estatura, manco de la izquierda, entra en las paneras de las fábricas de las iglesias de Santa María y Santa Cruz con una vara alta de justicia en la mano y una comisión firmada en el bolsillo. No viene a rezar. Viene a llevarse el trigo. Detrás de él quedan las quejas de los canónigos, los candados forzados y, muy pronto, una excomunión con su nombre. Aquel comisario incómodo, odiado en cada villa que dejaba sin pan, se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra, y aún faltaban quince años para que escribiera la primera línea del Quijote. Pero el Derecho que después soñaría —el de los galeotes libres y las sentencias de Sancho— ya lo estaba viviendo por dentro, desde el lado del poder que aprieta.

Tres documentos, conservados en Simancas y en el Archivo de Indias de Cádiz y divulgados por los grandes cervantistas y por Fernández Duro en su historia de la Armada Invencible, permiten reconstruir aquella escena con precisión notarial. Merecen leerse no solo como curiosidad biográfica, sino como un pequeño tratado sobre el ejercicio, los límites y el precio del poder coactivo del Estado.

El pan de Écija y las excomuniones

En 1587, con la gran empresa contra Inglaterra en marcha, la Corona necesitaba alimentar a decenas de miles de hombres. Cervantes, que había buscado sin éxito un acomodo en Indias, aceptó el ingrato oficio de comisario de abastos a las órdenes de Antonio de Guevara, proveedor general de las armadas. Su tarea consistía en recorrer Andalucía requisando trigo, cebada y aceite: sacar el grano de los graneros ajenos, molerlo, convertirlo en bizcocho y remitirlo a Sevilla y de allí a Lisboa. Un trabajo sin gloria, que se hacía a costa de los campesinos y, cuando el grano escaseaba, también a costa de la Iglesia.

Ahí empezaron los problemas. Al embargar el trigo de las fábricas eclesiásticas de Écija, Cervantes chocó con la inmunidad de los bienes de la Iglesia, y los vicarios respondieron con el arma que tenían: la excomunión. No fue un caso aislado. Las tensiones fueron tantas que el propio Felipe II hubo de ordenar, en 1596, «que ningún juez eclesiástico consintiese hacer embargos en los frutos de pan y vino del estado eclesiástico si no procediere particular orden nuestra». Un choque de jurisdicciones —la potestas temporal frente a la inmunidad de la Iglesia— del que Cervantes salió con el alma cargada y el nombre en más de una tablilla de excomulgados.

«Con vara alta de justicia»: la comisión como delegación de imperium

El segundo documento, hallado en el Archivo de Indias de Cádiz, es el más revelador para un jurista. Es el título o comisión —fechado en Sevilla el 9 de julio de 1588— que habilitaba a Cervantes para su cometido. Su lectura estremece por la amplitud de las potestades que concede: se le manda partir a Écija «con vara alta de justicia», tomar y embargar el trigo y la cebada «de cualesquier personas que sean, así eclesiásticas como seglares», abrir «cualesquier llaves, candados y puertas», y hacer, si fuere menester, «prisiones, embargos, secuestros de bienes», requisando además bagajes, carros y carretas. Todo ello reforzado con penas: quinientos ducados a quien lo estorbara, y la orden expresa al Corregidor de Écija de no impedírselo.

Aquello era, en lenguaje de hoy, una delegación pura de imperium: la potestad coactiva del soberano puesta en manos de un comisario para la ablación forzosa de la propiedad ajena por una necesidad pública superior, la defensa del Reino. Bajo el ropaje del Antiguo Régimen laten instituciones que seguimos manejando: la requisa militar y la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, la autotutela ejecutiva de la Administración, incluso el deber de colaboración de los particulares en situaciones de grave riesgo que nuestra Constitución contempla en su artículo 30.3. La diferencia es solo de estilo: donde hoy hay expediente, justiprecio y recurso, entonces había una vara alta y un candado que ceder.

Los cinco reales: rendir cuentas y la hombría de bien

El tercer documento es, para mí, el más humano y el más aleccionador. Es la relación jurada de gastos que Cervantes presentó el 27 de agosto de 1590 por la molienda del trigo de Écija: doscientas setenta y seis jornadas de faenas, con sus alquileres de palas, hondas, esteras, llaves y romanas, los salarios de sus ayudantes, los acarreos de la harina a Sevilla. Cervantes juró «á Dios y una cruz» que todo lo consignado lo había gastado en beneficio de la molienda, «y otras muchas cosas que no apuntó».

Y sin embargo, al comprobar la cuenta, los contadores le rebajaron cinco reales «por un abuso de su autoridad», dejando anotado que lo hacían «en perjuicio de sus intereses y en premio de su hombría de bien». La frase encierra toda una filosofía de la responsabilidad pública. El gestor honrado no queda exento por su buena fe: responde igualmente del exceso, porque la responsabilidad contable se mide por el procedimiento y la regularidad, no por la intención. Es exactamente el criterio que hoy inspira la fiscalización del gasto público y la exigencia de responsabilidad a quien maneja caudales del común. Aquellos cinco reales son el embrión, en pequeño, de lo que después sería el control de cuentas del Estado.

No es un detalle menor que este mismo oficio acabara costándole a Cervantes la libertad. En 1597 dio con sus huesos en la Cárcel Real de Sevilla por el descuadre de sus cuentas y la quiebra del banquero en quien había depositado los caudales del Rey. La tradición quiere que fuera allí, entre rejas, donde se «engendró» el Quijote. Quien tanto embargó terminó embargado; quien tantas prisiones pudo hacer, conoció la prisión.

El bizcocho podrido: Medina Sidonia y el reverso del deber

Todo aquel trigo tenía un destino: la Armada. Y aquí los documentos ofrecen un contraste que vale por una lección de ética del cargo. Muerto el gran marino Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, Felipe II puso al frente de la expedición a Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, «gran señor de vasallos» más dado al retiro de sus estados y a alancear toros que a mandar flotas. El propio Duque se disculpó ante el Rey con desarmante sinceridad: que «no se hallaba con salud para embarcarse, porque tenía experiencia, de lo poco que había andado en la mar, que se mareaba, porque tenía muchas reumas». La fuente cervantista lo juzga sin piedad: carácter pusilánime, causante del enorme retraso en aprestar y hacerse a la mar.

Sus propias cartas, escritas desde el galeón San Martín y desde el golfo de las Yeguas, retratan el desastre logístico con crudeza: los bastimentos llevaban tanto tiempo embarcados que «van saliendo tan malos, podridos y gastados» que solo servían «para apestar y enfermar la gente»; faltaban la carne y el pescado; había «gran falta de vituallas». Aquel bizcocho que se pudría en las bodegas salía, en parte, del trigo que comisarios como Cervantes habían arrancado, candado a candado, a los pueblos de Andalucía.

El contraste es elocuente y casi literario. De un lado, el pequeño comisario que hace su ingrato trabajo con hombría de bien, arriesga la excomunión, rinde cuentas al maravedí y acaba en la cárcel por cinco reales de discrepancia. Del otro, el gran señor que reconoce no estar a la altura del cargo y, aun así, lo acepta y conduce una flota entera al fracaso con las bodegas llenas de comida podrida. La Historia fue mucho más severa con el gestor honrado que con el noble. Hay en esa asimetría una meditación entera sobre la aptitud, la responsabilidad y el deber de quien acepta un poder que quizá no debería.

De los galeotes a Barataria: la justicia mirada desde el otro lado

Aquí se cierra el círculo. El hombre que abrió candados ajenos con vara alta de justicia, que fue odiado y excomulgado por servir al Rey, que rindió cuentas y padeció la cárcel, es el mismo que años después pondría a don Quijote a liberar a los galeotes camino de las galeras (I, 22), enfrentándose a la justicia del propio Rey en nombre de una libertad más alta: «allá se lo haya cada uno con su pecado… no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello». Y es el mismo que sentaría a Sancho en la ínsula Barataria a impartir una justicia de sentido común, salomónica y limpia de corrupción, para demostrar que el buen juicio no es privilegio de togas ni de linajes.

No es casualidad. La justicia soñada del Quijote —la que libera al oprimido y desconfía del poder que aprieta— nace de la justicia padecida por el comisario de Écija. Cervantes conoció el Derecho desde el lugar menos épico: el del funcionario que ejecuta órdenes duras, que responde de cada real, que carga con la impopularidad del poder sin gozar de sus honores. Por eso, cuando por fin toma la pluma, no escribe desde la comodidad del que manda, sino desde la memoria del que sirvió, embargó y penó. Su crítica al poder arbitrario tiene la autoridad de quien lo ejerció y lo sufrió.

Queda, al fondo, una imagen que lo resume todo: aquella vara alta de justicia en la mano de un hombre que abría candados por deber y no por codicia, y que respondió hasta del último maravedí. El Derecho no se mide en la grandeza del cargo, sino en la hombría de bien con que se sirve. Medina Sidonia mandó una Armada; Cervantes rindió una cuenta. La Historia recuerda mejor los cinco reales del comisario honrado que las bodegas podridas del gran duque. Y algo de esa lección —que el poder obliga, y que la dignidad está en cómo se responde de él— sigue latiendo cada vez que abrimos, hoy, un expediente.

Fdo.: Domínguez-Lobato, Eduardo

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