Domínguez Lobato Abogados Bufete de abogados en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Madrid
En los tribunales se aprende pronto una lección que rara vez se enseña con toda su crudeza en las aulas: tener razón no basta.
Puede una persona estar íntimamente convencida de la justicia de su causa. Puede incluso existir, en el fondo de los hechos, una verdad nítida. Pero el proceso no se alimenta de convicciones privadas ni premia, por sí sola, la verdad material. El proceso exige que esa verdad sea llevada ante el tribunal, ordenada, acreditada y sostenida conforme a las reglas que gobiernan la prueba.
Entre tener razón y obtener una sentencia favorable se abre, por tanto, una distancia. Y esa distancia se llama estrategia procesal.
Quien confunde la razón sustantiva con la razón demostrada corre el riesgo de perder pleitos que, en justicia, sin duda podría ganar. Porque una cosa es que los hechos hayan ocurrido y otra, muy distinta, que puedan ser reconstruidos ante un juez con la precisión suficiente para producir convicción.
Esa diferencia es la que separa a quien simplemente litiga de quien verdaderamente defiende.
La carga de la prueba: decidir quién debe despejar la incertidumbre
El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene una de las reglas más decisivas del proceso: corresponde al actor acreditar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado probar aquellos hechos que la impidan, extingan o excluyan.
Pero la carga de la prueba no es una formalidad académica ni una regla destinada únicamente a los manuales. Es, en realidad, una norma para resolver la incertidumbre.
Cuando el proceso termina y un hecho relevante continúa envuelto en la duda, el juez no puede suspender su decisión. Debe resolver. Y para hacerlo atribuye las consecuencias de esa falta de prueba a quien tenía la obligación procesal de despejarla.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recordado que el artículo 217 LEC no puede invocarse simplemente porque el resultado del pleito haya sido adverso. Solo entra verdaderamente en juego cuando la sentencia considera no probado un hecho relevante y hace recaer las consecuencias de esa incertidumbre sobre quien no debía soportarlas.
Por eso la carga de la prueba es, antes que una cuestión técnica, una decisión estratégica. Antes de redactar una demanda, el abogado debe preguntarse:
- ¿Qué hechos son imprescindibles?
- ¿Quién debe acreditarlos?
- ¿Qué medios de prueba existen?
- ¿Quién se encuentra en mejores condiciones para aportarlos?
El propio artículo 217.6 LEC permite atender a los principios de disponibilidad y facilidad probatoria. No siempre debe probar quien formalmente afirma; a veces debe hacerlo quien, por su posición, dispone con mayor facilidad del documento, del dato o de la información controvertida.
Litigar sin responder previamente a estas preguntas equivale a caminar de noche por un terreno desconocido.
La credibilidad: cuando el tribunal no solo escucha palabras
No toda prueba tiene la frialdad de un documento o la apariencia científica de un informe pericial. En muchos procedimientos, la decisión depende de algo mucho más delicado: la credibilidad de las personas.
Un testigo entra en sala con su memoria, sus intereses, sus contradicciones, sus silencios y su forma particular de reconstruir el pasado. El tribunal no escucha únicamente lo que dice. Observa cómo lo dice, si su relato permanece estable, si encaja con los documentos y si resiste el contraste con la lógica y la experiencia.
El artículo 376 LEC encomienda al juzgador la valoración de la prueba testifical conforme a las reglas de la sana crítica. Esa expresión, aparentemente abierta, no permite una valoración arbitraria. Exige razonar.
La credibilidad subjetiva obliga a examinar si existen enemistades, intereses o móviles que puedan contaminar el relato. La verosimilitud objetiva exige comprobar si la declaración es internamente coherente y si encuentra apoyo en datos periféricos. La persistencia obliga a valorar si la versión se mantiene sustancialmente a lo largo del tiempo.
No basta, por ello, con que una resolución afirme que un testigo “ha resultado creíble”. La convicción judicial debe ser explicada, porque solo una convicción razonada puede ser controlada.
También aquí aparece la función del abogado. Preparar a un testigo no significa enseñarle una representación. Significa ayudarle a ordenar la memoria, a comprender las preguntas y a expresar con claridad aquello que realmente conoce.
Un relato aprendido puede quebrarse ante la primera contradicción. Un relato verdadero, pero confuso, puede perder fuerza. La credibilidad no se proclama: se construye con naturalidad, precisión y coherencia.
La estrategia procesal: la arquitectura invisible del pleito
Entre la razón que el cliente afirma tener y la sentencia que finalmente se dicta existe una estructura invisible. Esa estructura es la estrategia.
Litigar bien consiste en elegir. Elegir qué hechos deben alegarse y cuáles carecen de verdadera relevancia. Elegir qué pretensiones se acumulan y cuáles pueden debilitar el conjunto. Elegir qué documentos deben sostener cada afirmación. Elegir qué testigos aportan luz y cuáles solo añadirán ruido.
Un despacho riguroso no comienza una demanda por su primer párrafo. La comienza imaginando la sentencia que pretende obtener. Desde esa sentencia posible se recorre el camino hacia atrás:
- ¿Qué hechos deben quedar probados?
- ¿Qué norma permitirá extraer de ellos la consecuencia jurídica perseguida?
- ¿Qué prueba puede acreditar cada extremo?
- ¿Qué riesgo existe si un hecho esencial permanece incierto?
La estrategia procesal es arquitectura porque ninguna pieza puede quedar suspendida en el aire. Cada alegación debe descansar sobre un medio de prueba. Cada prueba debe referirse a un hecho relevante. Cada hecho debe integrarse en una pretensión jurídicamente posible.
Cuando esa arquitectura está bien construida, el procedimiento adquiere coherencia. Cuando falla, ni siquiera la brillantez retórica puede sustituir los cimientos que faltan.
El relato jurídico: convertir los hechos en una historia comprensible
Todo pleito es también una forma de narración.
El juez no recibe la realidad tal como ocurrió. Recibe documentos, declaraciones, informes, fechas, silencios y versiones enfrentadas. Debe reconstruir con todos esos fragmentos una secuencia comprensible.
Por eso el relato jurídico importa.
No se trata de adornar los hechos ni de convertir el proceso en literatura. Se trata de ordenar la realidad para que pueda ser entendida. Un expediente puede contener cientos de páginas y, sin embargo, carecer de una historia clara. También puede contener un relato persuasivo, pero vacío de prueba. En ambos casos, la defensa fracasa.
La excelencia aparece cuando se produce la síntesis: un relato jurídicamente correcto, probatoriamente sólido y humanamente comprensible.
La demanda debe permitir al tribunal entender qué ocurrió, por qué ocurrió y por qué el Derecho debe reaccionar de una determinada manera. La contestación debe ofrecer una reconstrucción alternativa capaz de explicar las inconsistencias del relato contrario. La prueba debe confirmar la narración, no caminar separada de ella.
Una historia sin prueba es retórica. Una prueba sin historia es confusión. El verdadero trabajo jurídico consiste en unir ambas.
Conclusión
Tener razón suele ser el punto de partida emocional de quien acude a un abogado. Saber demostrarla es el trabajo que comienza después.
Demostrarla exige comprender la carga de la prueba, seleccionar los medios adecuados, construir credibilidad, anticipar riesgos, diseñar una estrategia coherente y ofrecer al tribunal un relato capaz de ordenar los hechos sin deformarlos.
Esa es la diferencia entre confiar en que la justicia aparecerá por sí sola y trabajar para que pueda ser reconocida.
Porque en el proceso la razón no basta con poseerla. Hay que saber llevarla hasta el lugar en el que pueda ser vista, comprendida y, finalmente, declarada.
Fdo.: Domínguez-Lobato, Eduardo
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