Domínguez Lobato Abogados Bufete de abogados en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Madrid
El Gobierno prevé reanudar el próximo 4 de junio los plazos procesales y administrativos que se vieron suspendidos con la declaración el pasado 14 de marzo de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que si mañana el Congreso de los Diputados da el visto bueno a la quinta prórroga del estado de alarma, se derogará la disposición adicional segunda del real decreto-ley aprobado el 14 de marzo, que suspendió los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes pedir a la Cámara Baja una prórroga del estado de alarma hasta el próximo 7 de junio, que presenta algunas “novedades” como que “vuelvan a contar” también los plazos de prescripción y la caducidad de derechos de acciones y los plazos administrativos, ha apuntado el ministro.
Con la declaración del estado de alarma hace dos meses, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el territorio nacional. Tan solo se han mantenido la prestación de los servicios que fueron declarados esenciales, como actuaciones con detenidos, así como los urgentes, como se pueden dar en materia de vigilancia penitenciara o para la adopción de medidas cautelares en materia de violencia sobre la mujer.
Así, ante el parón obligado en la Justicia, el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha preparado su propio ‘Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19’, que prevé la “reincorporación programada” del personal de Justicia.
DESESCALADA EN JUSTICIA
La Justicia ha comenzado ya su desescalada, encontrándose actualmente en fase 1, que se inició el pasado 12 de mayo, por la que han vuelto a los juzgados entre el 30 y el 40 por ciento de la plantilla, incluido en las provincias que aún continúan en la fase 0 prevista en el plan del Gobierno, por recomendación de las autoridades sanitarias. Una decisión que ha provocado las críticas de los sindicatos y asociaciones de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia.
Precisamente el plan elaborado por el Ministerio prevé la “actividad ordinaria con plazos procesales activados” en su fase 3, cuando se pretende que el 100 por ciento de los trabajadores se hayan reincorporado.
SEÑALAMIENTO DE JUICIOS
La reactivación de los plazos procesales implica que los jueces y magistrados vuelvan a señalar los juicios y vistas que tenían programadas, que se sumarán a la avalancha de asuntos que se prevé que se presenten como consecuencia de la crisis sanitaria, en especial en las jurisdicciones de lo social y contencioso-administrativo y en juzgados de lo mercantil.
