Domínguez Lobato Abogados Bufete de abogados en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Madrid
Los menores y los jóvenes ya pueden retomar el curso, aunque no sea en las mismas circunstancias en las que lo dejaron, después del cierre forzado de los centros educativos en pleno curso como consecuencia del estado de alarma decretado en marzo.
En España la escolarización es obligatoria a partir de los 6 años, por lo que los niños menores de esta edad no están obligados a asistir al colegio, tiene «carácter voluntario» para los padres.
Para los menores de entre 6 y 16 años sí es obligatoria la educación, por lo que los niños que están en ese rango de edad deben estar escolarizados.
¿Qué pasa si los padres deciden no llevarlos al colegio? Pues que en ese caso sí podrían tener problemas legales porque se podría activar el protocolo de absentismo. En casos muy graves incluso podría suponer para los progenitores penas que pueden conllevar hasta los seis meses de prisión o multa por dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad.
En el artículo 154 del Código Civil se regula como deber de los padres y madres inherentes a la patria potestad, velar por sus hijos, «tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral», lo que supone la obligación de poner los medios necesarios para su escolarización, asistencia al colegio y además, velar por su salud.
Aunque no todo incumplimiento de la patria potestad es delito. La jurisprudencia precisa que para que un incumplimiento de los deberes de la patria potestad sea considera delito ha de ser grave, patente y duradero en el tiempo.
Con todo, sí que hay excepciones para la asistencia de los menores a los centros educativos que están contempladas en la Ley Orgánica de Educación, según la cual, los menores de entre 6 y 16 años deberán ir al colegio salvo «enfermedad del alumno, vida itinerante o residencia en el extranjero».
Estas son, por tanto, las únicas circunstancias que pueden justificar la ausencia de los menores en la escuela.
En caso de que se dé otra situación fuera de las mencionadas, se activaría el protocolo de absentismo, así que los servicios sociales llevarían a cabo una investigación para ver cuál es el motivo por el que el menor no está acudiendo a clase. Una vez estudiado el caso, los padres podrían ser denunciados por abandono de familia e incluso ser condenados a prisión.
